Europa parece resuelta a acabar con el uso masivo e indiscriminado de los pesticidas (que quedaron fuera del reglamento REACH): una nueva norma cambiará de forma drástica la evaluación de la peligrosidad de tales agentes, además de prohibir la fumigación aérea y su uso en lugares públicos. Como es tradición con estos anuncios, las reacciones se han polarizado: las organizaciones de consumidores y ecologistas se muestran satisfechas; los fabricantes y productores agrarios se han vestido de luto.
A los pesticidas se los considera indispensables para proteger a los cultivos de insectos, roedores y hongos. A ellos debemos en gran parte el salto en la productividad agrícola de las últimas décadas, traducido en un incremento extraordinario de la oferta de alimentos. Y también les debemos un buen número de intoxicaciones, alteraciones neurológicas, genéticas e inmunológicas y la muerte de incontables formas de vida en aire, tierra y agua.
La futura directiva prohibirá los compuestos altamente tóxicos, dándose a la industria y a los agricultores un plazo de cinco años para que busquen sustitutos. Se vetará también la fumigación aérea —con algunas excepciones— y el uso de pesticidas en lugares públicos (parques y escuelas). Y se crearán zonas de seguridad entre los cultivos y los ecosistemas vecinos, con miras a minimizar el impacto de los demás pesticidas. Se pretende, en pocas palabras, promover un concepto y una práctica novedosas: los pesticidas sostenibles.
El texto consensuado antes del receso navideño será votado en el Parlamento Europeo a mediados de enero de 2009. Con él se quiere dar respuesta a temores muy extendidos: según un Eurobarómetro de 2006, al 63% de los ciudadanos de la Unión se siente preocupado por la presencia de residuos de pesticidas en frutos y vegetales.
Organizaciones de consumidores y ecologistas como PAN, HEAL y EEB han saludado la iniciativa, "en tanto significa la creación de una lista negra de pesticidas de ámbito europeo, que suprime algunos de los más peligrosos pesticidas del mercado, y por lo tanto, de los alimentos producidos en la UE".
Mucho peor le ha caído a la industria y a los productores agrarios. La piedra de la discordia la pone el abandono del tradicional análisis de riesgos —basado en experimentos de laboratorio y cálculo probabilístico— en favor del "criterio de corte" (cut-off) —basado en presunciones de peligros potenciales—, aplicable a impactos ambientales imposibles de calibrar con los métodos habituales. La European Crop Protection Association (fabricantes de pesticidas) rechaza el nuevo enfoque por entender que «se basa únicamente en percepciones políticas».
A los pesticidas se los considera indispensables para proteger a los cultivos de insectos, roedores y hongos. A ellos debemos en gran parte el salto en la productividad agrícola de las últimas décadas, traducido en un incremento extraordinario de la oferta de alimentos. Y también les debemos un buen número de intoxicaciones, alteraciones neurológicas, genéticas e inmunológicas y la muerte de incontables formas de vida en aire, tierra y agua.
La futura directiva prohibirá los compuestos altamente tóxicos, dándose a la industria y a los agricultores un plazo de cinco años para que busquen sustitutos. Se vetará también la fumigación aérea —con algunas excepciones— y el uso de pesticidas en lugares públicos (parques y escuelas). Y se crearán zonas de seguridad entre los cultivos y los ecosistemas vecinos, con miras a minimizar el impacto de los demás pesticidas. Se pretende, en pocas palabras, promover un concepto y una práctica novedosas: los pesticidas sostenibles.
El texto consensuado antes del receso navideño será votado en el Parlamento Europeo a mediados de enero de 2009. Con él se quiere dar respuesta a temores muy extendidos: según un Eurobarómetro de 2006, al 63% de los ciudadanos de la Unión se siente preocupado por la presencia de residuos de pesticidas en frutos y vegetales.
Organizaciones de consumidores y ecologistas como PAN, HEAL y EEB han saludado la iniciativa, "en tanto significa la creación de una lista negra de pesticidas de ámbito europeo, que suprime algunos de los más peligrosos pesticidas del mercado, y por lo tanto, de los alimentos producidos en la UE".
Mucho peor le ha caído a la industria y a los productores agrarios. La piedra de la discordia la pone el abandono del tradicional análisis de riesgos —basado en experimentos de laboratorio y cálculo probabilístico— en favor del "criterio de corte" (cut-off) —basado en presunciones de peligros potenciales—, aplicable a impactos ambientales imposibles de calibrar con los métodos habituales. La European Crop Protection Association (fabricantes de pesticidas) rechaza el nuevo enfoque por entender que «se basa únicamente en percepciones políticas».
¿Qué pasa con los productos foráneos?
¿Significa entonces que los agricultores quedarán a merced de las plagas y los consumidores volveremos a toparnos con gusanillos en la lechuga? Los defensores de la directiva aseguran que no, pues ésta fomentará el control integrado de plagas y el entrenamiento de los agricultores en el uso racional de pesticidas. Por añadidura, una cláusula permitirá a los pequeños horticultores continuar aplicando ciertas sustancias si las pestes que les afectan no pueden controlarse de otro modo. Inconmovibles, la industria y sus expertos profetizan una caída en la productividad y un aumento del precio de las hortalizas.
Más convincente encuentro la queja de Pekka Pesonen, secretario general de COPA-COGECA, de que si se prohíbe a los agricultores europeos el uso de una sustancia o producto, igual debería vetarse su importación; de lo contrario, los consumidores acabarán consumiendo alimentos tratados con la sustancia prohibida. Por eso creo que la nueva medida ambiental de la UE deberá surtir un efecto ejemplarizante, siendo imprescindible su extensión a los productores de otras latitudes que exportan comestibles al mercado comunitario.
Fuente: soitu.es
28-12-2008
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